El asilo político y los asilados colombianos

El asilo político y los asilados colombianos

Mauricio Reyes Betancourt


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Por Mauricio Reyes Betancourt*

Noviembre 23 de 2010

El reciente caso del asilo territorial otorgado por el gobierno panameño a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María Del Pilar Hurtado, evidencia el deterioro del reconocimiento de la figura del asilo como mecanismo de protección y vulnera la protección de los perseguidos políticos en el continente.

Actualmente, según la ONU, hay alrededor de 75 mil refugiados colombianos en todo el mundo. Estos colombianos en el exterior salieron del país huyendo de la violencia, la mayoría en absoluto anonimato y superando el obstáculo impuesto por la securitización de las migraciones generado después del 11 de septiembre.

Ahora con el cuestionamiento de parte de amplios sectores de la sociedad colombiana al otorgamiento del asilo realizado por algunos gobiernos extranjeros, Colombia, el gran generador de refugiados, manda un equivocado mensaje a la comunidad internacional.
 

Sobre el asilo

El asilo es una figura de protección internacional que desde comienzos del siglo XIX se ha dirigido a personas que hubieran cometido delitos políticos u otros que tuvieran relación con éstos. Se distinguen dos tipos de asilo: el territorial y el diplomático. El primero se otorga en el propio territorio del país protector y el segundo inicia en embajadas, buques y bases militares existentes en el país donde huye el supuesto perseguido.

Los europeos rechazaron rápidamente el asilo diplomático de extranjeros para evitar malentendidos que fueran el detonante de  guerras. Reconocer disidentes de los enemigos era pues una pesada carga para el Viejo Continente.

Fue en Latinoamérica donde se adoptó como propia la figura del asilo diplomático. Las constantes guerras civiles y los ambientes de polarización política facilitaron que el cruce de las fronteras y la protección en las embajadas se convirtieran en una práctica humanitaria.

La lógica política y militar de las guerras civiles del siglo XIX era que los derrotados de hoy serían los vencedores del mañana, que el trato brindado a mi enemigo sería el que éste me brindara en el futuro. Asegurar el asilo, aún el diplomático, no sólo era un seguro de vida para los combatientes juzgados por leyes marciales y dictaduras, sino una práctica que limitaba la barbarie de las guerras y subsanaba el daño del tejido social que implicaría la ejecución o la prolongada detención del enemigo.

Dado que el asilo lo otorgan los países y que existe una figura de derecho americano que lo reconoce, al aceptar su práctica los gobiernos asumen no sólo sus beneficios futuros, sino también las molestias  que su ejercicio implica. Aunque un gobierno no comparta en su fuero interno la protección de un tercer país a un opositor, éste debe asumir el respeto recíproco por una decisión soberana. Por eso, en el caso concreto de Hurtado, sorprende que la cancillería colombiana haya mostrado su molestia por no haber sido “previamente informada”. Algo irrelevante, pues la información previa alegada por la Cancillería se vería como la intención de solicitar una consulta previa, inexistente en éste tipo de medidas humanitarias.

En dos siglos de vida independiente, Colombia no sólo ha acogido a disidentes ecuatorianos, venezolanos y personas de otras naciones, sino que además en el siglo pasado estuvo dispuesto a llevar a la Corte Internacional de Justicia la negativa del gobierno peruano a reconocer como delincuente político a Víctor Raúl Haya de la Torre, opositor político peruano y fundador del Apra, quien decidió asilarse en la embajada colombiana en Lima y al que el gobierno peruano le negó por años el salvoconducto de salida de nuestra embajada. Años después Alan García, actual presidente del Perú repitió la historia del fundador de su partido y acudió a la Embajada de Colombia en Lima a buscar asilo diplomático. Fujimori, pese a su molestia, concedió de inmediato el salvoconducto conforme a una costumbre de derecho americano.

¿Se requiere el asilo?

Al desaparecer progresivamente las dictaduras en el territorio continental y fortalecerse el estado de derecho en Latinoamérica, cabe dudar sobre el rol que el asilo político tiene actualmente. ¿Es una figura del pasado, condenada a desaparecer como ocurrió en Europa o mantiene plena vigencia?

Las tensiones políticas internas y los procesos de reelección y marginamiento de las oposiciones presentes en muchos países del continente parecen, por el contrario, aconsejar el mantenimiento del asilo americano como una figura necesaria y vigente.

Siendo Colombia el único país americano con presencia de un conflicto armado y uno de los países en donde existe un gran ambiente de polarización política, sorprende que sea el país que apuesta por deteriorar la vigencia del asilo como figura de protección.

 El  refugio, aquella figura por la que salen miles de colombianos a buscar protección en el exterior, se basa en un asilo seguido de un reconocimiento otorgado por causales reconocidas internamente por cada Estado. Al atacar las causales del refugio político se deterioran las causales universales de protección de la persona.

Sorprende que la cancillería colombiana manifestara molestias en un caso como el de Hurtado, o que en el reciente pasado, el presidente Uribe haya pactado con el presidente Chávez el no otorgamiento de asilo a opositores políticos venezolanos como una muestra de confianza. Son muchos los venezolanos a los que el gobierno de Uribe les negó el asilo en Colombia por cumplir la palabra dada en las cumbres binacionales. Se rompe así una tradición de protección de Colombia con los opositores venezolanos. El chavismo cerró su propia puerta de escape en el ánimo de ahogar a sus opositores. Una funcionaria de Uribe obtiene en Panamá el asilo que el gobierno que ella representó negó a tantos venezolanos. Una funcionaria encargada de la inmigración colombiana y de la recibida de los refugiados y asilados en Colombia ahora necesita la misma protección que le solicitaron tantos en su vulnerabilidad, tantos colombianos en el exterior.

* Mauricio Reyes Betancourt es consultor en temas de movilidad humana forzada; profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del grupo de Movilidad Humana del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia

 
 
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